Preocupa, sin embargo, que se involucren en el caso el Congreso de la República y el Ministerio Público y no tomen en cuenta las directrices de FIFA, ya que están con todo el derecho de investigar, pero deben hacerlo individualizando las faltas o delitos cometidos y sin inmiscuirse en las decisiones que se tomen desde el campo deportivo, ya que hacerlo podría significar la suspensión del futbol guatemalteco, como ya sucedió en el pasado.

Si las entidades gubernamentales creen que pueden perseguir la corrupción, la asociación y  enriquecimiento ilícito, fraude o lavado de activos, nadie se opondrá a su investigación, pero confiamos en que la harán con cautela y su participación será de ayuda y no de perjuicio para el futbol nacional.